La Movilización del Estudiantado Colombiano en Procura del Derecho a una Educación Superior de Calidad y al Servicio del Interés Nacional

Las grandes movilizaciones de los estudiantes universitarios en contra del proyecto de ley 112 de 2011 que radicó la ministra de educación en el Congreso de la República, reflejan lo expresado por Abel Rodríguez Céspedes: “Si se preguntara por la causa del fracaso de las reformas educativas emprendidas en las últimas décadas, habría que responder que fue la unilateralidad, es decir, la falta de convocatoria a la participación y el acuerdo. Las reformas a puertas cerradas no funcionan, sirven para poco y nada construyen” .

Esta tesis planteada por quien fuera el líder del Movimiento Pedagógico de los años ochentas y cuyas principales tesis defendió como constituyente para que fueran incorporadas al articulado de la Constitución de 1991 y posteriormente en la Ley General de Educación, significan que es necesario reconocer la necesidad de avanzar en la construcción de reformas educativas a partir del encuentro de los múltiples actores y agentes educativos a partir del principio de la corresponsabilidad y pensando en un proyecto colectivo de nación, no solamente de un sector de la sociedad colombiana.

En este sentido, la portentosa movilización coordinada y liderada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE-, no solamente manifiesta la indignación del estamento en torno a las lesivas consecuencias en contra de la educación superior en general y de la universidad pública en particular, que hubiesen significado para el país la aprobación por parte del Congreso del proyecto de Ley 112.

La movilización del estudiantado colombiano es la más importante realizada desde 1971, coincidencialmente  este año se cumplieron 40 de aquella histórica gesta, cuyas principales tesis, materializadas en el Programa Mínimo hoy tienen plena vigencia, entre las que podemos destacar: garantizar un presupuesto estatal y adecuado para las universidades públicas; la democracia expresada en la participación mayoritaria de la comunidad académica en los órganos de dirección de las universidades, el llamado Cogobierno; asimismo la transformación de los contenidos de la enseñanza, es decir, por elevar su nivel científico, que se constituya en condición para el desarrollo material y cultural de nuestra nación. Tal es la vigencia de lo expresado en el 71, que hoy los estudiantes colombianos enarbolan sus principales tesis y nuevamente las sintetizan en su Programa Mínimo para los Estudiantes, ajustándolo al nuevo contexto sociohistórico de la educación y del país.
 
Por otra parte, la actual movilización del estudiantado colombiano es reconocida, no sólo por su magnitud, sino también porque ésta ha logrado defender el derecho a la educación a través de las vías civiles y pacíficas y porque la MANE expresa la gran diversidad del estudiantado, que va más allá de las organizaciones y partidos, sin desconocer el papel jugado por éstos, logrando constituirse en un movimiento ciudadano tras organizarse, llegar a acuerdos de forma eficiente y dejar a un lado discusiones políticas e ideológicas y cuya legitimidad hoy reconoce, tanto el gobierno, el parlamento, como los diferentes sectores y organizaciones sociales, gremiales y sindicales, que sin lugar a dudas podrá ser el vehículo mediante el cual el estudiantado colombiano coadyuve, no solo a la construcción de una reforma educativa de calidad y que exprese el interés de la nación colombiana, sino que también será protagonista de los cambios democráticos que necesita el país.

Así mismo, es necesario reconocer que en el actual contexto de discusión de la reforma a la educación superior colombiana, aparte del indudable papel protagónico del estudiantado colombiano, hay que resaltar las expresiones de otros procesos de movilización que vienen siendo construidos por profesores, analistas, rectores, decanos, investigadores y otros actores y agentes educativos, quienes vienen expresando sus opiniones y posiciones en torno a lo que debería ser una nueva ley marco de la educación superior. Nos referimos, entre otros, al trabajo realizado por el Sistema Universitario Estatal –SUE- y la Asociación Colombiana de Universidades –ASCUN-, el Foro Permanente de la Educación Superior y el Movimiento Pedagógico y Social: Todos por una Educación de Calidad, Hacia un Gran Acuerdo Nacional.

Estos espacios de movilización social coinciden en la necesidad de construir una Ley Marco o Estatutaria de la Educación Superior que la asuma como un sistema complejo y diferenciado, su articulación con los otros sistemas y que reconozca los alcances que debe tener como servicio público en relación con el cumplimiento de los fines del Estado y la prevalencia del interés general sobre el particular, todo ello en el marco de un Gran Acuerdo Nacional por una Educación de Calidad. En este sentido, cabe destacar que en la propuesta presentada por ASCUN se asume como principios de la educación superior, entre otros, los siguientes:

1. La educación superior es un derecho y un bien público, y desde esta perspectiva debe entenderse la prestación del “servicio público”. Entendida como derecho, le corresponde al Estado garantizar su acceso a todos los ciudadanos con mérito para ingresar, para el desarrollo de la sociedad y del país. Como bien público, los beneficios que genera en cumplimiento de su misión deben llegar a toda la sociedad.
2. La Universidad es autónoma para poder ejercer su función social de conciencia crítica, generadora y difusora del conocimiento. El ejercicio de la autonomía por parte de la Universidad es garantía de consolidación de la democracia, de la obtención de índices de vida más adecuados para toda la población, de equidad y de desarrollo social; igualmente, es garante del afianzamiento del progreso económico y del desarrollo de los factores de competitividad del país, para su ingreso a un mundo globalizado.
3. La Universidad no puede gobernarse desde fuera y por entes externos. La función regulatoria del Estado no se extiende al co-gobierno de la Universidad. La facultad del Estado para regular la educación no puede confundirse con la imposición de paradigmas que riñen con la racionalidad de los procesos académicos y del sistema de gobierno.

 

Si bien es cierto que gracias a la portentosa movilización del estudiantado colombiano se logra el retiro del proyecto de Ley 112 de 2011 y la indudable creación de un espacio de construcción de un proyecto de reforma a la educación superior construida conjuntamente, para lo cual a través de la MANE se viene trabajando en este sentido y se seguirá reforzándose una propuesta que contenga lo discutido desde las universidades y las regiones, en conjunto con los aportes de las organizaciones de profesores y trabajadores universitarios, también es necesario reconocer que en torno a la construcción de una reforma se debe partir del hecho que en ese espacio de diálogo y de concertación otros actores y agentes educativos estarán presentes y sus propuestas, como las presentadas por ASCUN y el Foro Permanente de la Educación Superior, con lo cual se podrá avanzar hacia la constitución de un Gran Acuerdo Nacional, a través de lo que Jhon Rawls denomina consensos entrecruzados, lo cual significa que las diversas concepciones se acercan a un consenso de mínimos, en los que no se pretenden superar las diferencias.